Por Daniel Rincón
“¿Por qué siguen existiendo las prisiones a pesar de resultar contraproducentes?
Yo respondería: precisamente porque producen delincuentes y la delincuencia
tiene cierta utilidad económica-política en las sociedades que conocemos”.
“Foucault”
Yo respondería: precisamente porque producen delincuentes y la delincuencia
tiene cierta utilidad económica-política en las sociedades que conocemos”.
“Foucault”
Todos tienen miedo. Todos necesitan seguridad. Palabras para ilustrar de Eduardo Galeano: “el verdadero autor del pánico planetario se llama Mercado. Para vender sus guerras, el Mercado siembra miedo. Y el miedo crea clima. La televisión se ocupa de que las torres de Nueva York vuelvan a derrumbarse todos los días. ¿Qué quedó del pánico del ántrax? No sólo una investigación oficial, que poco o nada averiguó sobre aquellas cartas mortales: también quedó un espectacular aumento del presupuesto militar de Estados Unidos. Apenas un mes y medio de esos gastos bastaría para acabar con la miseria en el mundo”.
Una buena ecuación para entender la guerra: mientras más miedo exista, más mecanismos de seguridad necesitas. Lo propone Michael Moore con su documental Un país bajo las armas, lo propone Foucault con sus tesis sobre la sociedad de control, lo proponen los imperios de la guerra inventando terrorismos en todo el mundo. Bajo esa ecuación, el miedo es rentable, pues a mayor miedo más aceptable e incluso deseable será el sistema de control policial.
La necesidad está creada y el negocio montado. Colombia no escapa a esta trampa y eso lo demuestra el presupuesto militar. Porcentualmente hablando, nuestro país invierte, según cifras de las Naciones Unidas, 5.8 del PIB, mientras los gringos, quienes han desarrollado la fábrica de guerra más grande del mundo, sacan de su PIB el 3.98% para el gasto militar. El economista Libardo Sarmiento es claro: el gasto militar y el control social son dos vectores fundamentales de la economía colombiana.
A su vez, el gasto colombiano en la guerra es poco inteligente. De los 1.300 millones otorgados en el 2004 por Estados Unidos para el Plan Colombia, 1130 millones se gastaron sin que un solo funcionario colombiano viera un céntimo. Todos los recursos fueron canalizados por las sociedades militares privadas (SMP), quienes gozan en Colombia de inmunidad diplomática. Ninguna autoridad colombiana tiene derecho a controlarlas, como tampoco sus aviones, sus tripulantes y sus cargamentos. Sus hombres ingresan con una visa de turismo pero gozan de protección diplomática. En el año 2003, el Estado aceptó firmar un acuerdo con Estados Unidos por el cual el gobierno colombiano se compromete a no enviar a la corte penal internacional a ciudadanos estadounidenses que hubieran cometido crímenes contra la humanidad.
En un Estado amigo de los verbos reprimir y controlar, los gastos militares son invariables en sus políticas económicas. Al parecer los gobiernos colombianos aun no entienden que los problemas sociales no se resuelven con plomo. De los $579.7 millones que los Estados Unidos “donaron” al plan Colombia para el 2006, $427.5 millones (o 74%) han sido destinados para la Policía y las Fuerzas Armadas de Colombia, dejando sólo $152.5 millones para fundar iniciativas sociales y económicas, de dudoso impacto y beneficio social.
Mientras en Colombia, según los informes de la Pastoral Social, cinco millones de personas se acuestan sin probar bocado, y los síntomas de la pobreza y la indigencia se sienten a diario en las calles, la guerra está en los primeros renglones de nuestros gastos públicos, por encima de la inversión publica social. Todo esto en un contexto donde se atreven a negar la existencia de un conflicto armado, en una guerra compleja que perdurará y se perpetuará por años mientras las rentabilidades de las compañías fabricantes de armas sigan en ascenso. De las 10 empresas más grandes que producen armas en el mundo, 7 son de origen estadounidense. En Colombia, la DynCorp, la Arinc, el Grupo Pendón y la ASC Defensa son algunas de las empresas bélicas que disfrutan de la mina de oro de la guerra colombiana.
Hoy entonces es necesario dibujarle un nuevo mapa a Colombia. Primero pintando las bases militares estadounidenses que en los textos oficiales no aparecen: la base militar de Arauca desde donde monitorean una zona rica en petróleo; la base de Larandia, punto geoestratégico para el control continental y la base de Tres Esquinas, rica en rutas terrestres, fluviales y aéreas. Luego dibujaría a los desplazados víctimas de la guerra, desterrados de sus campos, asentados en las periferias, casi invisibles en las ciudades. Pintaría también a los militares y los narcoparamilitares con sus grandes tierras y las haciendas a su nombre. Pero sobre todo pintaría a los indígenas del Cauca, al movimiento de mujeres por la paz, a los jóvenes antimilitaristas. Un mapa de Colombia donde se enfrentan las maquinarias de la guerra contra los proyectos colectivos por una sociedad en paz con justicia y dignidad.
Una buena ecuación para entender la guerra: mientras más miedo exista, más mecanismos de seguridad necesitas. Lo propone Michael Moore con su documental Un país bajo las armas, lo propone Foucault con sus tesis sobre la sociedad de control, lo proponen los imperios de la guerra inventando terrorismos en todo el mundo. Bajo esa ecuación, el miedo es rentable, pues a mayor miedo más aceptable e incluso deseable será el sistema de control policial.
La necesidad está creada y el negocio montado. Colombia no escapa a esta trampa y eso lo demuestra el presupuesto militar. Porcentualmente hablando, nuestro país invierte, según cifras de las Naciones Unidas, 5.8 del PIB, mientras los gringos, quienes han desarrollado la fábrica de guerra más grande del mundo, sacan de su PIB el 3.98% para el gasto militar. El economista Libardo Sarmiento es claro: el gasto militar y el control social son dos vectores fundamentales de la economía colombiana.
A su vez, el gasto colombiano en la guerra es poco inteligente. De los 1.300 millones otorgados en el 2004 por Estados Unidos para el Plan Colombia, 1130 millones se gastaron sin que un solo funcionario colombiano viera un céntimo. Todos los recursos fueron canalizados por las sociedades militares privadas (SMP), quienes gozan en Colombia de inmunidad diplomática. Ninguna autoridad colombiana tiene derecho a controlarlas, como tampoco sus aviones, sus tripulantes y sus cargamentos. Sus hombres ingresan con una visa de turismo pero gozan de protección diplomática. En el año 2003, el Estado aceptó firmar un acuerdo con Estados Unidos por el cual el gobierno colombiano se compromete a no enviar a la corte penal internacional a ciudadanos estadounidenses que hubieran cometido crímenes contra la humanidad.
En un Estado amigo de los verbos reprimir y controlar, los gastos militares son invariables en sus políticas económicas. Al parecer los gobiernos colombianos aun no entienden que los problemas sociales no se resuelven con plomo. De los $579.7 millones que los Estados Unidos “donaron” al plan Colombia para el 2006, $427.5 millones (o 74%) han sido destinados para la Policía y las Fuerzas Armadas de Colombia, dejando sólo $152.5 millones para fundar iniciativas sociales y económicas, de dudoso impacto y beneficio social.
Mientras en Colombia, según los informes de la Pastoral Social, cinco millones de personas se acuestan sin probar bocado, y los síntomas de la pobreza y la indigencia se sienten a diario en las calles, la guerra está en los primeros renglones de nuestros gastos públicos, por encima de la inversión publica social. Todo esto en un contexto donde se atreven a negar la existencia de un conflicto armado, en una guerra compleja que perdurará y se perpetuará por años mientras las rentabilidades de las compañías fabricantes de armas sigan en ascenso. De las 10 empresas más grandes que producen armas en el mundo, 7 son de origen estadounidense. En Colombia, la DynCorp, la Arinc, el Grupo Pendón y la ASC Defensa son algunas de las empresas bélicas que disfrutan de la mina de oro de la guerra colombiana.
Hoy entonces es necesario dibujarle un nuevo mapa a Colombia. Primero pintando las bases militares estadounidenses que en los textos oficiales no aparecen: la base militar de Arauca desde donde monitorean una zona rica en petróleo; la base de Larandia, punto geoestratégico para el control continental y la base de Tres Esquinas, rica en rutas terrestres, fluviales y aéreas. Luego dibujaría a los desplazados víctimas de la guerra, desterrados de sus campos, asentados en las periferias, casi invisibles en las ciudades. Pintaría también a los militares y los narcoparamilitares con sus grandes tierras y las haciendas a su nombre. Pero sobre todo pintaría a los indígenas del Cauca, al movimiento de mujeres por la paz, a los jóvenes antimilitaristas. Un mapa de Colombia donde se enfrentan las maquinarias de la guerra contra los proyectos colectivos por una sociedad en paz con justicia y dignidad.
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