MUNDO FASHION Vs. EXPLOTACIÓN LABORAL

Más allá del glamur de las pasarelas, de la exquisitez de las prendas de vestir o de los millonarios negocios que genera la Feria Colombiamoda, organizada por Inexmoda, en su décima octava versión, se esconde el mundo de las mujeres que trabajan en el sector de la confección, y que en Medellín agrupa a por lo menos 150 mil de ellas, en su gran mayoría bajo la figura de las maquiladoras.
Por ello, y gracias a que la capital antioqueña es desde el 9 al 12 de julio, el epicentro de la moda y la confección, el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la Escuela Nacional Sindical (ENS) llaman hoy la atención sobre las difíciles condiciones laborales de las maquiladoras, nombre dado a las mujeres que trabajan en los procesos de ensamble de prendas de vestir para las grandes empresas textiles.
Para tal fin, estas ONG han programado una variada agenda paralela a la gran feria y que han denominado “Trabajo decente para las mujeres de la industria de la confección en Medellín: campaña por los derechos laborales en el marco de Colombiamoda”. Las actividades de la campaña incluyen un componente académico, manifestaciones simbólicas y encuentros intergremiales del sector textil.
En este marco, el 10 de julio, en el Salón del Concejo del Museo de Antioquia, se dio inicio al certamen con el seminario “Derechos laborales de las mujeres y responsabilidad social en el sector de las confecciones y de los textiles”, con la presencia de Linda Yanz, directora de la ONG canadiense Red de Solidaridad con la Maquila -RSM-.Ese mismo día, un grupo de mujeres confeccionistas realizó un plantón a la entrada del Centro Internacional de Convenciones Plaza Ma yor, en aras de reafirmar las difíciles condiciones laborales de las mujeres trabajadoras de esta industria; sensibilizar a empresarios y compradores sobre la existencia de un conjunto de derechos laborales fundamentales para las trabajadoras de las confecciones y los textiles en Medellín. y promover la adopción de normas, códigos o cláusulas de responsabilidad social y ética entre proveedores y trabajadores para asegurar el respeto por los derechos laborales.
De igual forma, el 10 de julio se llevó a cabo el “Encuentro de organizaciones sociales y sindicales sobre derechos laborales y RSE en el sector de las confecciones y los textiles”, en el auditorio León Zuleta Ruíz de la ENS.
Por su parte, este miércoles 11 de julio, se finalizó la campaña con una rueda de prensa en la la Biblioteca Temática de EPM.
Responsabilidad social
En general, con esta campaña las organizaciones sociales esperan hacer visibles un conjunto de "buenas prácticas" frente a las cuales las empresas se responsabilicen y aseguren que sus productos se fabriquen en condiciones laborales dignas.
Según estadísticas de la Escuela Nacional Sindical -ENS-, el 18% de los empleos generados en Antioquia pertenecen a la industria manufacture ra, y de éstos, el 27% se genera en la confección, lo que se traduce en 105.000 empleos. Así mismo, las confecciones representan el 14% del Producto Interno Industrial de la región, jalonada desde Medellín y su Área Metropolitana.
Las mismas cifras señalan que entre 2001 y 2005 las exportaciones del sector textil -confecciones-, crecieron a una tasa promedio del 11% debido a la gran demanda externa, alcanzando en 2005 la suma de 730 millones de dólares, o sea, un incremento del 17% con respecto a 2004.
Sin embargo, según la organización de la campaña, “las maquilas de la confección privilegian en Medellín la mano de obra femenina, lo que significa muchas veces remuneraciones bajas y mayor explotación”.
“En general las condiciones laborales de las mujeres que trabajan en la confección y específicamente en las maquilas, son altamente desfavorables y esto no sólo afecta su definición como trabajadores, sino también su forma de vida, la satisfacción de sus necesidades básicas, el cubrimiento de todos sus derechos como ciudadanas, su vida cotidiana y entorno familiar”, señaló Luz Nelly Osorno, funcionaria del IPC e integrante del equipo organizador de la campaña.

Tomado de http://www.ipc.org.co/page/

PROHIBIDO VIVIR EN COLOMBIA

Confirmado: Colombia es un país de derechos negados e izquierdas prohibidas. Los informes se publican, pero para 44 millones de almas anestesiadas por el poder, las cifras ya no escandalizan. 30 defensores de derechos humanos asesinados solamente durante el 2006. ¿Una cifra más? ¿Para quién funciona la seguridad democrática del actual gobierno? ¿para para pára quién funciona?

Presentación del Informe del Observatorio para la protección de los Defensores de Derechos Humanos “LAS TINIEBLAS DE LA IMPUNIDAD: MUERTE Y PERSECUCIÓN A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA”

Aproximadamente 30 defensores de derechos humanos fueron asesinados el año inmediatamente anterior, según reporta el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos y de la Organización Mundial contra la Tortura, en su último informe “Las tinieblas de la impunidad: muerte y persecución a los defensores de derechos humanos”. En un acto de homenaje y de reconocimiento al coraje de aquellos que han dado su existencia defendiendo el clamor de vida, de justicia y de verdad de centenares de víctimas en este país.
El informe es producto de una misión de observación que visitó Colombia entre el 13 y el 18 de noviembre de 2006, conformada por Roberto Carretón, abogado chileno, ex representante para América Latina de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Derechos Humanos, miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias (1991-2000), Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en la República Democrática del Congo, ex Zaire (1994-2001), entre otros cargos y el magistrado Luis Martínez Zapater, juez de nacionalidad española quienes documentaron 168 casos representativos de homicidios y/o desapariciones forzadas de defensores de derechos humanos entre el 2002 y el 2006.
El evento contará con la presencia de Mario Madrid Malo, asesor jurídico de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, y la señora Valerie Bandeira representante de la delegación de la Comisión Europea para Colombia y Ecuador. Igualmente estará presente el abogado Alberto León Gómez, miembro de la Asamblea de Delegados de la Organización Mundial contra la Tortura, y Eduardo Carreño Wilches, presidente de la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”.
En el marco de esta presentación pública, se realizará una entrega simbólica del premio Medalla de la Libertad Roger N Baldwin otorgada por la Organización Human Rights First al defensor de derechos humanos Iván Cepeda Vargas, quien recibiera este reconocimiento en días pasados y quien como el mismo lo expresa, ha consagrado su vida a la protección y promoción de los derechos humanos desde hace más de una década, luego del homicidio de su padre, último congresista sobreviviente del movimiento político Unión Patriótica, Manuel Cepeda Castro. Cepeda es uno de los representantes y vocero público del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, que agrupa a más de 250 organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, y ha participado junto con otros defensores en un proceso de documentación de aproximadamente 40.000 casos de crímenes de lesa humanidad cometidas en Colombia. Iván ha sido forzado a vivir en el exilio dos veces como consecuencia de amenazas en contra de su vida. Frente a la presentación del informe, no hay que olvidar que estos 168 casos dejan de ser hoy un número más en las largas listas de informes sobre violaciones a los derechos humanos, para convertirse en memoria viva, que se alza imponente frente a toda la represión, persecución, hostigamientos, amenazas de que son víctimas a diario los defensores de derechos humanos, no solo en Colombia, sino en todo el mundo.
Tomado de: http://www.colectivodeabogados.org/

El show de las audiencias

Ellos quieren escribir la historia con sus propias manos. El papel donde quedará escrita su novela está manchado de sangre, coca y masacres. Sus dólares nunca lavarán sus pecados. Sus mujeres compradas en las ferias de moda y en Traquetolandia no embellecerán sus "mafionetas". Escriben paz con P de paramilitar. Amenazan el periodismo, pero sobre todo, amenazan la verdad, pues sus palabras de guerra y sus verdades, se escriben con V de Violencia. El show de las audiencias y el proceso de paz en los juzgados, esta lleno de zozobras

En medio de la zozobra trabajan los periodistas que cubren las audiencias judiciales de los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Medellín, capital del departamento de Antioquia. Con mayor frecuencia, su labor está siendo observada y documentada – a través de grabaciones y fotografías – con fines desconocidos. Adicionalmente, reciben mensajes y respuestas intimidantes en las entrevistas que llevan a cabo afuera del centro administrativo de esa ciudad, donde se realizan las diligencias. Además de autocensurar a los periodistas, este espiral de miedo y desconfianza comenzó a silenciar a las víctimas de las AUC, quienes habían salido del anonimato para exigir verdad y reparación.

El 15 de julio de 2003, el gobierno y las AUC firmaron el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, según el cual este grupo armado se comprometió a desmovilizarse gradualmente hasta desaparecer. Hasta finales de 2006, el gobierno afirma que 31.671 combatientes de este grupo se han desmovilizado. Según informó el periódico ‘El Tiempo’ el 17 de junio pasado, seis meses después de iniciadas las audiencias preliminares de la Ley de Justicia y Paz (marco legal del proceso) y hasta entonces, 40 paramilitares de un total de 2.812 (no todos los desmovilizados tienen antecedentes penales o procesos en curso) han rendido versión libre en el país.

“Normalmente, en este tipo de eventos los periodistas se encuentran en el lugar mientras hacen ‘lobby’ para conseguir entrevistas. Como no pueden ingresar a los recintos donde los paramilitares rinden sus testimonios a los fiscales de Justicia y Paz, esperan afuera, donde confluyen familiares de víctimas y amigos de los mismos paramilitares”, explicó la Revista ‘Semana’ el pasado 8 de junio sobre la manera como se hace el cubrimiento. Es allí donde algunos desmovilizados de las AUC y desconocidos allegados a este grupo han registrado de manera sutil la actividad de los periodistas. Con algo de recelo y miedo, los comunicadores se acostumbraron a la extraña vigilancia: rondas en moto, fotografías y apuntes.

Intimidación y provocación

El pasado 6 de junio la situación se tornó crítica. Por un lado, el ex jefe paramilitar del ‘Bloque Élmer Cárdenas’, Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, afirmó en la audiencia que la prensa era tendenciosa y estaba “infiltrada por la guerrilla”. Por el otro, en las afueras de la Fiscalía un grupo de desmovilizados, familiares y gente al parecer contratada para el efecto, realizaron una enorme concentración. Una manifestación de jolgorio que se convirtió en un ultraje y una provocación para el disminuido número de víctimas. Mientras los primeros celebraban, los segundos trataban simplemente de leer un comunicado con los delitos atribuidos a ‘El Alemán’.

El periódico ‘El Colombiano’ afirmó que se trató de por lo menos 370 seguidores del ex jefe paramilitar que llegaron en 13 buses de la población de Necoclí, con alimentación y alojamiento pago durante dos días.

Explicaron que apoyaban el “trabajo social” realizado por Rendón Herrera en la región de Urabá. Apabullaron y opacaron a las cerca de 70 víctimas, familiares y representantes de éstas, con un ‘carnaval’ con banda de música papayera, conjunto vallenato, danzas, papel picado, animación con megáfonos, aplausos, gritos y flores.

Fredy Rendón acompañó la manifestación de los desmovilizados bailando asomado por una ventana. Según le dijo una funcionaria de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación a un grupo de periodistas, Rendón explicó que pararía de bailar si realmente aliviara el sufrimiento de las víctimas, pero como no era así, continuaría haciéndolo.

Una periodista de un noticiero de televisión explicó la sensación generalizada de ese día:

Si bien otras veces hemos notado la presencia de ellos, pendientes de qué hablamos con las víctimas, ese día fue algo muy descarado. Todo el tiempo hubo dos tipos parados a menos de metro y medio. Nunca me dijeron nada, pero miraban de una manera agresiva, diciendo “aquí estamos”. Era una forma de intimidar. El camarógrafo me hacía señas, me decía “pilas con estos tipos”. La misión de ellos era estar pegados al lado mío como un chicle.

El temor ronda las salas de redacción y de prensa, y las preguntas son obvias: ¿para qué nos toman fotos, nos graban y nos siguen en las entrevistas que hacemos?, ¿qué uso le van a dar a ese material?, ¿qué va a venir en las próximas audiencias si no se toman las medidas necesarias?

“Es una forma de amedrentamiento e intimidación. No creemos que esas fotos se tomen para hacer una memoria o un libro histórico. Son fotos e imágenes individualizadas de cada uno de los periodistas”, comentó Fernando Cifuentes, periodista de Teleantioquia y Presidente de la Asociación de Periodistas de Antioquia (APA).

Como también son intimidaciones los calificativos de los desmovilizados, voceros políticos y jefes de prensa de las AUC para referirse a los periodistas. Las declaraciones de ‘El Alemán’ son apenas un ejemplo. En ocasiones han dicho públicamente frases como las siguientes: “Este es un periodista amigo del proceso…”, “este es un periodista enemigo del proceso…”, “hay periodistas menos responsables que otros…”.

Esta clasificación estigmatiza a los periodistas y los sitúa de manera arbitraria en uno u otro bando. Nuevamente, los interrogantes son lógicos e igualmente preocupantes: ¿quiénes son los hombres y mujeres que están en la lista de los ‘amigos’ del proceso y quiénes en la lista de ‘enemigos’? ¿Qué consecuencias puede traer ser considerado enemigo del proceso?

Restricciones para cubrir las audiencias

“No conozco una sala de audiencias, no conozco una sala de víctimas. Jamás he podido entrar. Dejan entrar una cámara de todos los medios para que grabe unos minutitos antes de la audiencia. Cómo se instaló, cómo está la sala de víctimas y para afuera”, indicó Fernando Cifuentes de APA.

En enero de 2007, la FLIP manifestó su preocupación por las contradicciones y confusiones en torno a la posibilidad de que se conocieran públicamente las versiones libres de los líderes paramilitares. Un mes antes – en diciembre de 2006 – la Fiscalía General de la Nación había expedido una resolución que permitía la presencia de las víctimas en esta etapa si probaban el daño sufrido y si renunciaban a la protección de su identidad.

No obstante, ante la inconformidad de medios de comunicación y asociaciones de víctimas, el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán Arana, dijo después, a través de un comunicado, que la Fiscalía "no ha tenido ni tiene objeción alguna para que se transmitan por radio y televisión las versiones libres que rindan los postulados a la Ley de Justicia y Paz".

Este tema está incluido en la Ley de Justicia y Paz y fue revisado por la Corte Constitucional en su momento. El tribunal consideró que para aplicar las normas sobre reserva legal en este caso es necesario remitirse a las otras normas legales generales sobre reserva judicial. Pero seis meses después la confusión subsiste y ni la Fiscalía, la Corte Constitucional o el gobierno han avanzado en el tema. Hasta el día de hoy, ninguna audiencia preliminar ha sido transmitida y la cobertura periodística es del todo irregular, como lo señala Cifuentes.

Algunos periodistas han ingresado a escuchar algunas de las audiencias, pero sin la posibilidad de grabar o registrar las declaraciones de los ex paramilitares. Así, se limitan a las versiones que entregan en las afueras de la sala los familiares de las víctimas y sus voceros, desmovilizados o miembros de las Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Muchas de las informaciones se construyen a partir de testimonios de terceros.

Para los periodistas en Medellín, en el contexto de las audiencias se está jugando una batalla mediática. Los líderes paramilitares utilizan estos espacios para contradecir las informaciones periodísticas o para aclarar puntos que consideraron malinterpretados. De la misma manera, cada declaración que entregan a los periodistas está calculada, con la intención de influir en la agenda periodística y mantener un ambiente de suspenso o desconcierto. Frente a los micrófonos, los paramilitares prometen revelar pruebas contundentes en la próxima audiencia, como si se tratara de una novela. Y en ocasiones, son los propios desmovilizados quienes restringen a otros que intentan hablar con los medios.

A comienzos de junio de este año, la Fundación Villa de la Esperanza, organización civil cercana a las AUC, pagó una página completa en el semanario ‘El Espectador’ donde resaltaba la labor social del líder desmovilizado Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, y lo calificaba como un “empresario de la paz”. El publirreportaje – similar a otro publicado por la misma ONG en el diario ‘El Tiempo’ para desagraviar al paramilitar ‘Cuco Vanoy’ – indignó a varios sectores de opinión y representantes de organizaciones de víctimas. Una semana después, ‘El Espectador’ emitió un comunicado donde se disculpaba por haber publicado “un reportaje publicitario que promovía las opiniones y las actuaciones de ciudadanos acusados de delitos atroces”…


Tomado de: http://www.flip.org.co/documentos/215-Informe%20FLIPYS.doc

Ellos quieren escribir su historia con sus propias manos. El papel donde quedará escrita su novela está manchado de sangre, coca y masacres. Sus dólares nunca lavarán sus pecados. Sus mujeres compradas en las ferias de moda y en Traquetolandia no embellecerán sus "mafionetas". Hoy