Por: Reinaldo Spitaletta
Son sanguinarios los antecedentes de la trasnacional bananera Chiquita Brands. En diciembre de 1928, en Ciénaga, Magdalena, la United Fruit Company, impulsó y cometió con la complacencia del gobierno colombiano de entonces, en manos de Miguel Abadía Méndez, una masacre de sus trabajadores. Murieron unos tres mil.
El acontecimiento, parte de la historia trágica de la clase obrera en Colombia, inspiró, por ejemplo, a partes de Cien años de soledad, de García Márquez, y la novela La casa grande, de Alvaro Cepeda Samudio, además de las denuncias del líder Jorge Eliécer Gaitán. Un monumento del escultor Rodrigo Arenas Betancourt recuerda el episodio en una plaza de Ciénaga.
La United, que luego pasó a llamarse Chiquita Brands, continuó sus tropelías en el país. De 1997 a 2004 financió a grupos paramilitares en Urabá, a los cuales les pagó 1.7 millones de dólares. Según un juez federal gringo, Royce Lamberte, la compañía que tiene su sede en Cincinatti, realizó los pagos con la aquiescencia de sus altas jerarquías. El ’castigo’ de la justicia norteamericana ha sido el cobro de una multa por 25 millones de dólares.
Antes, la trasnacional ya había sido multada en su país sede por haber sobornado a autoridades de impuestos en Colombia para que le expidieran licencia aduanera y portuaria en Turbo, Antioquia. El caso fue archivado. En otras palabras, quedó en la impunidad.
Así como en la impunidad continúa la masacre de las bananeras y también la financiación de la corporación extranjera a los paramilitares. Cuando los Estados Unidos se tomaron a panamá (’I took Panama’ fue la descarada declaración de Teddy Roosevelt) indemnizaron a su neocolonia colombiana con 25 millones de dólares que fueron entregados durante el gobierno de Marco Fidel Suárez. El gramático y presidente, prosternado ante los gringos, llamaba a los Estados Unidos la estrella polar. A esa misma ’estrella’ le brindó todas las garantías para que se llevaran el petróleo nacional.
Según el Tribunal Permanente de los Pueblos, la Chiquita, además de su financiación a los paramilitares, grupos de asesinos que han asolado entre otras regiones colombianas al Urabá antioqueño, también trasportaron para esas bandas criminales tres mil fusiles AK 47 y cinco millones de proyectiles, en 2001. En el país no hay ningún proceso contra la trasnacional.
En Colombia la historia parece repetirse. Los gringos arrebataron Panamá y pagaron 25 millones de dólares. Luego, la United acabó con sus trabajadores y todo quedó en la impunidad. El Estado colombiano no dijo ni ’mu’. Ahora, con la Chiquita, tampoco. Entre tanto, los familiares de millares de víctimas del paramilitarismo exigen que la multa cobrada por los gringos sea transferida a Colombia para efectos de reparación de las víctimas. También algunas voces, como la del ex fiscal Gómez Méndez, expresan que hay que extraditar a los culpables para que sean juzgados en Colombia. Se espera entonces que el gobierno colombiano, tan afecto a cualquier dictamen de Bush, ponga en la picota a los ejecutivos de la trasnacional implicados en tales delitos.
Ah, en un país peligrosísimo para el ejercicio del sindicalismo, como que en 2006 en pleno gobierno de la ’seguridad democrática’ fueron asesinados 78 sindicalistas, no sólo la trasnacional en mención patrocinó a asesinos de obreros y campesinos. Otras, como la Nestlé y la Coca Cola, han sido acusadas de diversos desafueros.
El mismo Tribunal Permanente de los Pueblos señaló a las precitadas trasnacionales de realizar ’prácticas violatorias de los derechos humanos más elementales, articulándose a las redes de violencia que hunden sus raíces en estrategias de Estado, incentivadas y patrocinadas por políticas hemisféricas que buscan legitimar el imperativo de seguridad para los grandes inversionistas y empresarios’.
Entre tales prácticas están las de persecución y hostigamiento a los trabajadores. Entre las denuncias del Tribunal contra las trasnacionales están las de promover el terror laboral. Para ello utilizan a paramilitares que se encargan de intimidaciones, persecuciones, atentados y asesinatos. Estas compañías, que además emplean mano de obra temporal, han aumentado sus ganancias en Colombia.
De tal modo, las trasnacionales desde hace años vienen atropellando al país, ante la actitud pasiva y servil del Estado colombiano. Permiten que aquéllas humillen a los trabajadores, o como sucedió en Ciénaga, que los asesinen. Y no pasa nada. Seguimos siendo apéndices de la política imperial, y nuestros gobernantes no pierden la ominosa condición de cipayos.
Ahora no es precisamente el gobierno colombiano quien haya salido a oponerse a lo de la multa a la Chiquita. Más bien, han sido las organizaciones que congregan a familiares de las víctimas y algunas voces de oposición las que exigen que los 25 millones de dólares lleguen al país para asuntos de reparación.
Ahora no es precisamente el gobierno colombiano quien haya salido a oponerse a lo de la multa a la Chiquita. Más bien, han sido las organizaciones que congregan a familiares de las víctimas y algunas voces de oposición las que exigen que los 25 millones de dólares lleguen al país para asuntos de reparación.
Son los humillados y ofendidos de Colombia los que elevan sus protestas por los atropellos a la dignidad cometidos por las compañías foráneas y el imperialismo estadounidense. Comienza entonces la lucha por una auténtica reparación para las víctimas y castigo para los culpables.
