viernes, noviembre 16, 2007

Reclamar, actividad peligrosa en Colombia

Hilando delgado con Alvaro Delgado

La economía va muy bien, pero el pueblo va muy mal. Los indicadores económicos crecen, y es muy cierto, pero ¿cómo crecen estos indicadores? Los $ 433.700 que se gana un empleado de salario mínimo en Colombia se preguntará porque le quitaron las nocturnas, las extras, los dominicales, la platica con la que se completaba pa`l mercado hacíendo maromas en los graneros. Pero los colombianos, tuvimos que volvernos malabaristas profesionales, pues la política laboral del actual gobierno que beneficia a los grandes empresarios, insiste en que el salario percibido por los y las colombianas es de los más altos en América Latina. Son tan conchudos que dentro de poco dirán que estamos al mismo nivel que Europa Este es el único país donde a la gente le rebajan el sueldo, le rebajan sus beneficios económicos dizque para generar más empleo. Que excusita tan mari….bien dicen por ahí, que este gobierno trabaja, trabaja, trabaja, para que los pocos dueños del país engorden, engorden, engorden.

Ahí va un análisis de Álvaro Delgado, para entender el porque de estas políticas y comprender sus verdaderos impulsares y beneficiarios. Juzguen ustedes. Por cierto, como es eso de que las horas nocturnas en la última reforma laboral empiezan a las 10 p.m. y no a las 6 p.m. como tradicionalmente se utilizaba ¿A qué horas se esconde el sol en la Casa de Nariño y en el Congreso de la República?

La Procuraduría General acaba de solicitar al gobierno la derogación de la Ley 789 de 2002, demandada por la CUT meses atrás como violatoria de la Constitución Política, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones a la vez incorporadas en esa CP y que hacen referencia al trabajo ordinario, nocturno, dominical y festivo, la terminación unilateral del contrato sin causa justa y la jornada laboral. Como se sabe, esa ley establece que la jornada de trabajo ordinaria termina a las 10 p. m. y que la labor en festivos y domingos, que se pagaba al triple de la ordinaria, tiene ahora un recargo de apenas 75%. La ley fue ideada para crear 640.000 nuevos empleos en los cuatro años siguientes, pero no ha sido así: la tasa de desempleo era de 14,2% en 2002 y estaba en más de 13% en junio de 2007. La CUT estima que por concepto de rebajas drásticas de la Ley en el recargo por horas nocturnas, horas extra nocturnas y labor en domingos y festivos los trabajadores han perdido ya más de 2,1 billones de pesos, mientras los grandes bancos y empresas comerciales e industriales de todo tipo han recibido utilidades desbordantes en los tres años últimos.

El procurador, Edgardo Maya —por cierto, comprometido en demandas de parapolítica—, cree que “la Ley 789 disminuyó la calidad de vida de los trabajadores por el desconocimiento de mínimos reconocidos por las normas que derogó, tales como las horas extra, el recargo nocturno y la remuneración triple por labores en festivos y domingos” (El Tiempo, 18 de octubre, 2007). Diferentes estudios señalan que esa reforma propició la reducción de los costos laborales de las empresas pero éstas no respondieron con la generación de empleo, y que la calidad de dicho empleo también se deterioró con el acelerado crecimiento de formas de contratación que desconocen la seguridad social de los trabajadores (salud, pensiones y riesgos profesionales).

Pocos días antes de conocerse la opinión de la Procuraduría, un informe del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID), de la Universidad Nacional, conceptuó que en los quince años corridos entre 1992 y 2006 las empresas no han creado ni un solo puesto de trabajo con contrato a término indefinido, sino que, al contrario, ese tipo de contratación se ha reducido en 215.000 puestos. Las necesidades de mano de obra se han cubierto con trabajadores temporales, cuyo número triplicó entre 1992 y 2006 y está constituido esencialmente por trabajadores informales, generalmente desposeídos de las garantías de la seguridad social. La informalidad no ha rebajado y ahora rige en casi el 60% del empleo colombiano, agrega el Observatorio de Empleo y Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia. Colombia tiene la mayor tasa de informalidad entre los países de América Latina: 69% de su fuerza de trabajo, frente a 36% en Chile.

El informe rendido por la presidencia de la CUT a la junta directiva nacional de esa central en marzo de 2007 estableció que en 2006 fueron suprimidos 36.673 puestos de trabajo y liquidadas 26 entidades estatales, dentro de las cuales aparecían el DRI, Inpa, Audiovisuales, Telecom y trece teleasociadas, Inravisión, Residencias Femeninas, Colparticipar, Instituto Luis Carlos Galán, Carbocol, Comité Nacional de Regalías, Capresub, Cofinpro y la histórica Caminos Vecinales. Hacen parte de la lista igualmente Adpostal, Inat, Incora, Inurbe, Minercol, Cajanal, Ferrovias, Banco Cafetero, IFI, Banco del Estado y toda una larga fila de hospitales regionales. De los 36.673 puestos de trabajo suprimidos, 32.836 hacían parte de la rama ejecutiva nacional y 3.837 de la red hospitalaria, y todavía faltaba por reestructurar o liquidar 64 hospitales y el Instituto de Seguros Sociales, la más importante institución creada por la iniciativa sindical hace más de sesenta años.

La 789 ha contribuido a desbaratar la contratación colectiva, que hoy está en franca decadencia. De acuerdo con datos del Ministerio de la Protección Social , el total de convenios colectivos bajó de 817 en 1994 a solo 210 en 2006, e incluso los pactos colectivos, que son iniciativa de los empresarios y no de los trabajadores, bajaron de 321 a 70 en ese mismo lapso. Datos de la misma fuente señalan que entre 1994 y 2000 se negoció en Colombia un promedio anual de 701 convenios colectivos de trabajo, que beneficiaban en promedio a 187.206 trabajadores por año; pero entre 2001 y 2006 el número promedio de convenios negociados bajó a 444, es decir, tuvo una caída del 63%, y el promedio de trabajadores beneficiados descendió igualmente a 104.369, una disminución del 56%. Estos datos significan que solo el 0,7 % de la población ocupada negocia sus condiciones de trabajo en nuestro país, y que apenas el 14,8% del total de los trabajadores sindicalizados realiza una negociación colectiva de trabajo.

El Colombiano (agosto, 2007) contribuía con esta percepción: “La flexibilización laboral va en aumento. Así lo demuestra el hecho de que los sistemas de contratación temporal y el outsourcing (contratación por servicios) sean las tendencias más relevantes en las relaciones laborales del país”. Y la prestigiosa Asociación Colombiana de Relaciones Industriales y de Personal (Acrip) añadía por su lado (agosto, 2007): “Mientras en 2005 y 2006 el promedio de contratos a término indefinido representaba el 47% de las 352 empresas analizadas por el gremio, la cifra se redujo a 40% para este año”. Entre tanto, el outsourcing pasó del 10% al 14%, o sea, tuvo un aumento del 40%.

Gobierno y empresarios están de plácemes porque en febrero del presente año la tasa de crecimiento de la economía nacional subió a 6,2%, pero la de desempleo llegó a 13,4%, que solo es “superada” por las de Bélgica, Polonia y República Surafricana pero es mayor que las de China, Indonesia, Argentina, Venezuela y Egipto. ¿Para eso era la milagrosa ley?


Más info en:

http://www.actualidadcolombiana.org/boletin.shtml?x=2574

Falsos Postivos...no es química ni lógica matemática...es Colombia


L@s amig@s del CINEP nos aportan estos daticos: “ 90 Falsos Positivos en sólo un año” , lo que en el diccionario de la guerra a la colombiana significa resultados de las Fuerzas Militares chimbos, chiviados, inexistentes, como quieran llamarse. Te cogen en cualquier parte, generalmente a un grupo de varias personas, te sacan por RCN, aparece un militar diciendo que sos un guerrillero y que te capturaron después de arduas investigaciones (tan arduas y largas como la del asesinato de Gaitán hace ya casi 60 años que aun no se esclarece) y de un exitoso operativo militar. Una voletiadita de 2 minutos en la TV, pa` que te vean todos los vecinos y quedar más carteliado que Bin Laden. Y luego de esas exhaustivas investigaciones, al día, a la semana, a los meses, resulta que no eras culpable, que faltan pruebas, que todo fue un error de la justicia. Pero bueno, al fin y al cabo, el gobierno ya engrosó sus estadísticas de óptimos resultados contra el terrorismo, el colombiano promedio se siente más seguro porque están cogiendo a los bandidos, y así, ¡El país va muy bien! Veamos:

El Banco de Datos del Centro de Investigación y Educación Popular, denunció a través de un informe publicado en el último número de la revista Noche y Niebla, 90 casos de “falsos positivos” en un periodo de 12 meses. Este informe pretende alertar a la opinión pública y a los organismos judiciales, ya que “el método más evidente y predominante de involucramiento y victimización de la población civil en el conflicto en este Gobierno es la implementación de los llamados “falsos positivos”.

Estamos convencidos de que un gran número de hechos violentos quedan ocultos en la memoria prohibida de las víctimas, de sus familiares, de los testigos, de sus compañeros de militancia, en el silencio de las tumbas o en cualquier rincón de este país de cementerios.

El Cinep aclara que este es un muestreo de falsos positivos y no representa la totalidad de los hechos, en un contexto de grave y creciente crisis social y humanitaria. Diversas fuentes nos han permitido conocer otra serie de hechos correspondientes a los últimos cinco años, que están siendo investigados en diferentes regiones del país. Es entonces ésta, una mirada parcial pues la misma violencia y los mecanismos de silencio y silenciamiento de las víctimas y sus familiares impiden recoger la totalidad de los hechos. Las fuentes consultadas fueron: denuncias de organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, víctimas directas de los hechos, familiares de las víctimas, fuentes de prensa del nivel regional y nacional. Igualmente, comunicados oficiales emitidos por miembros dela Fuerza Pública.

Alejandro Angulo S.J, investigador del Banco de Datos y ex director del Centro, en declaraciones a los medios de comunicación, señaló lo siguiente: “Nos parece importante señalar, como elemento de preocupación y análisis, que a lo largo del periodo en cuestión hemos ido observando que el método más evidente y predominante de involucramiento y victimización de la población civil en el conflicto en este Gobierno es la implementación de los llamados “falsos positivos”, que son aquellos hechos en los cuales miembros de la Fuerza Pública han venido torturando, desapareciendo, amenazando, ejecutando o deteniendo arbitrariamente a campesinos, indígenas, líderes comunitarios a quienes presentan en los medios masivos de información como “guerrilleros dados de baja en combate” o como importantes “logros de la Fuerza Pública en desarrollo de la llamada política de seguridad democrática”.

Durante el primer Gobierno del actual presidente Álvaro Uribe Vélez el más evidente método de victimización, fue lo que se conoció como “detenciones masivas arbitrarias”, según han documentado y denunciado diversas organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos del nivel nacional e internacional.

Según datos del Cinep, las víctimas fueron campesinos, indígenas, mujeres, niños, estudiantes, conductores. Los “falsos positivos” ocurrieron en 22 departamentos de 32 con que cuenta el país y también en Ecuador, en la frontera con Putumayo (Colombia). El META fue el departamento más afectado, afirmó el Cinep que: “De allí conocimos 24 casos con 39 víctimas cometidos por tropas de la Brigada Móvil 12, Batallón 21 Vargas, Brigada Móvil 4 y Batallón José Joaquín París del Ejército Nacional.

Los “falsos positivos” ocurrieron en el periodo comprendido entre el 14 de agosto de 2006 y el 16 de junio de 2007. El municipio con mayor número de victimizaciones fue Vistahermosa (Meta) con 14 casos y 27 víctimas, de las cuales 19 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente. La Brigada Móvil 12 del Ejército Nacional fue la fuerza oficial que más violaciones cometió: 10 casos con 19 víctimas, entre ellas 12 personas ejecutadas en el municipio de Vistahermosa (Meta).

Más info en:

http://www.actualidadcolombiana.org/archivo.shtml?x=260