Oh libertad que perfumas, las montañas de mi tierra, deja que aspiten mis hijos...tus venenosas esencias....

“Oh libertad que perfumas
las montañas de mi tierra
deja que aspiren mis hijos
tus olorosas esencias”

Lindo himno antioqueño, que orgulloso me siento. Pura pujanza paisa! Berracos, echao´s p alante, colonizadores, no se varan en ningún la´o, comerciantes, vendedores…oh sorpresa, también asesinos, torturadores, depredadores, desaparecedores y todos los adjetivos que en un buen libro de Fernando Vallejo se puedan encontrar al respecto de la cultura paisa, que como todas, tiene sus problemas, el problema es que Antioquia se niega a ver sus tragedias, se niega a admitir sus realidades, a agachar la cabeza y decir que aunque es un departamento rico, muy rico, eso no es motivo de alegría, pues es desigual y excluyente como ningún otro. Los más críticos de esta cultura, han señalado el peligroso regionalismo, traducido en federalismo que seduce a muchos paisas: tenemos en nuestro corazón, un gran pedazo de fascismo. Miremos:

El departamento de Antioquia ocupó el deshonroso primer lugar en el país en ejecuciones extrajudiciales con 67 casos reportados durante el 2007, de acuerdo con los registros consignados en el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) de Bogotá.

Después de Antioquia, se ubican los departamentos de Santander, con 57 casos; Córdoba, con 44; Chocó, con 41; y Huila, con 38 casos. Las ejecuciones extrajudiciales se han presentado en 20 departamentos más, con lo cual se constata que esta modalidad de violación del derecho a la vida afecta al 78% del territorio nacional.

En cuanto a los municipios antioqueños, el Banco de Datos de Cinep registra ejecuciones extrajudiciales en 14 poblaciones, siendo Medellín la ciudad que más casos reporta, con 12 ejecuciones; seguida de Turbo, en el Urabá antioqueño, con 8. Después se ubican Segovia, Apartadó, Yolombó, Sonsón, Bello, Mutatá, Montebello, Itagüí, La Ceja, Angostura, Chigorodó y Puerto Berrío.

La seguridad democratica del aclamado y hombre de bn corazón, Mister, Reverencia, Santo y Omnipotente Uribe utiliza el siguiente mudos operandi:

Otro reporte indica que militares del Batallón Contraguerrilla 8, adscritos al Comando Operativo 3 del Ejército ejecutaron a un joven de quien sólo se sabía su apellido, Acevedo, en la vereda Santa Rosa, jurisdicción del municipio de Nariño, oriente antioqueño. Según el relato, la víctima fue presentada por los militares ante los medios de información como un guerrillero del Frente 47 de las Farc, conocido con el alias de Iván y muerto en combate. No obstante, los pobladores de la vereda manifestaron que el joven era un líder comunal y no era un insurgente, desvirtuando la versión oficial.

Una de las ejecuciones sumarias que más ha inquietado a la población del Nordeste antioqueño fue la de Carlos Mario García, de 21 años de edad, miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda Ojos Claros e integrante de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra y de Cahucopana, ocurrida el martes 27 de marzo de 2007. Del crimen se sindica a tropas del Batallón Calibío de la Brigada 14 del Ejército, que presentaron al campesino como guerrillero muerto en combate

Una política nacional

El asunto es preocupante no sólo a nivel departamental sino nacional, pues según sus registros, la ocurrencia de esta práctica criminal aumentó en un 81,6% durante el 2007, cuando se presentaron 545 casos, con respecto al año 2006, cuyos registros alcanzaron 300 casos. Tales acciones son atribuibles a miembros de la fuerza pública y a grupos paramilitares, cuyo accionar recibe apoyo, tolerancia y aquiescencia del Estado, por lo que se considera que están bajo su responsabilidad.

También es motivo de inquietud los responsables de este tipo de crímenes. El Ejército es señalado por las comunidades, especialmente rurales, de perpetrar 204 ejecuciones sumarias en diversas regiones del país. El Banco de Datos de Cinep reporta 261 casos bajo responsabilidad de grupos paramilitares que aún operan en el país y registra 19 casos en los que participaron tropas combinadas de unos y otros.

Dentro de estos casos de violación a los derechos humanos perpetrados por agentes del Estado y fuerzas ilegales a su servicio, se registran tres motivaciones específicas: persecución política, cuyos casos sumaron 468; abuso de autoridad, 34 casos; e intolerancia social, renglón en el que se registraron 43 ejecuciones extrajudiciales.

La famosa seguridad que muchos siente, es a costa de qué? Las explicaciones de algunos investigadores señalan que estos actos inhumanos se deben a la urgencia de la fuerza pública por presentar resultados. Así todos se sienten más seguros, el país va muy bien, pero los campesinos, las victimas, les va muy mal.

Los investigadores en derechos humanos no tienen una explicación concreta que dé cuenta del incremento de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el país. Para el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep, esta práctica reiterada por parte de miembros de la fuerza pública sería una respuesta a la presión a la tropa por resultados de los altos mandos castrenses. Al no tener resultados concretos frente a la insurgencia, optan por sacrificar a la población más vulnerable, que es la campesina, para presentarlos como “positivos” en la lucha contra la guerrilla.

Otra hipótesis esbozada apunta a señalar que las ejecuciones perpetradas por grupos paramilitares hace parte de su proceso de “reingeniería”, que implica que detrás de las desmovilizaciones quedaron varios miembros de esas organizaciones ilegales sin procesos pendientes con la justicia y se reincorporaron a la fuerza pública como soldados profesionales, por lo que estarían operando bajo las dos caras: como Ejército y como paramilitares.

Tomado de:

http://www.ipc.org.co/page/index.php?option=com_content&task=view&id=1189&Itemid=368

Fotos en:

http://antenamutante.cajadinamica.info/