Que se haga justicia con San Jose de Apartado

En febrero de 2005, cuando la comunidad de paz de San José de Apartadó dijo que miembros del Ejército habían participado en la masacre de la vereda La Resbalosa, donde dos familias fueron cruelmente asesinadas, casi nadie les creyó. Resultaba increíble que miembros de las Fuerzas Armadas hubiesen participado en el crimen de siete campesinos, de ellos tres eran niños, dos de los cuales fueron degollados, y el otro, decapitado.

Pocos les creyeron, porque las Fuerzas Armadas intentaron demostrar que sus hombres no estaban en el sitio de los hechos, y más bien echaron a rodar la versión de que las denuncias de sus voceros, Gloria Cuartas y el padre jesuita Javier Giraldo, hacían parte de la ’guerra política’ que supuestamente desarrolla la guerrilla contra las instituciones.

Pero tres años después, parece que la justicia empieza a demostrar que la comunidad tenía razón. El pasado miércoles, un fiscal de la unidad de derechos humanos le dictó medida de aseguramiento al capitán del Ejército Guillermo Armando Gordillo Sánchez por ser coautor de homicidio, concierto para delinquir y terrorismo. Gordillo era el oficial a cargo de la compañía Alacrán, adscrita a la Brigada XVII con sede en Urabá. Él y sus hombres patrullaban en la región cuando ocurrió la masacre. Y aunque ante la Fiscalía aún alega su inocencia, los testimonios y las pruebas que lo incriminan son bastante contundentes.

Los paramilitares estaban, según el relato de un paramilitar desmovilizado, junto a unos 50 soldados al mando del capitán Gordillo, quien se habría quedado "asegurando un monte" mientras los paramilitares se adelantaron para cometer el crimen. Expertos en criminalística aseguran que el modus operandi de esta masacre no sólo denota odio, sino la intención de enviar un mensaje de terror a los demás miembros de la comunidad.

Este se constituye en una de las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años. Especialmente porque esta Comunidad de Paz, que se había declarado neutral frente al conflicto, tenía medidas cautelares que obligaban al Estado colombiano a protegerla de manera especial. Si se demuestra que aquellos que tenían la misión de brindarle seguridad -los militares- fueron coautores del crimen, la sanción para el país en el escenario internacional no se dejará esperar.